Demandamos una investigación exhaustiva por los $
108.5 millones de dólares, entregados a la empresa ASTALDI, por el cierre de su
participación en la Construcción de la Presa El Chaparral.
Comunidades afectadas por las represas y ciudadanos asombrados por la
forma corrupta en que se regala y despilfarra los dineros del pueblo, demandamos una investigación exhaustiva por
los $ 108.5 millones de dólares, entregados a la empresa ASTALDI, por el cierre
de su participación en la Construcción de la Presa El Chaparral. Debe
investigarse la actuación de CEL (Presidencia y
Junta Directiva), Presidencia de la República y de la Corte de Cuentas,
en este caso. Este es un monumento a la
corrupción. Este regalo y despilfarro de tantos millones de dólares, es prueba
de ello. Esta es la REPRESA DE ORO.
El proyecto hidroeléctrico El Chaparral es un proyecto inviable, desde
todo punto de vista: Técnico, Económico, Social, Ambiental y Cultural, es
innecesario para nuestro pueblo, genera un
gasto exagerado, que indigna a todos, especialmente por el silencio que
mantienen los Diputados de la Asamblea Legislativa.
La nueva
presa hidroeléctrica comenzó a construirse en 2008 a un costo de $219 millones.
A cuatro años, tiene un avance del 30%. La CCR, que avala la extinción mutua
del contrato, pide a CEL apegarse al art. 95 de la LACAP. Este artículo dice: Mutuo Acuerdo de las Partes Contratantes.
Art. 95.- Las
partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones
contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de
terminación imputable al contratista y que razones de interés público hagan
innecesario o inconveniente la vigencia del contrato, sin más responsabilidad
que la que corresponda en su caso, a la ejecución de la obra realizada, al
servicio parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o recibidos. Muy claramente especifica, que no hay “más responsabilidad para el Estado que la
que corresponde en su caso, a la ejecución de la obra realizada”.
El contrato
firmado entre ASTALDI y la CEL es un contrato llave en mano o sea que es
responsabilidad de la empresa terminar el proyecto; sin embargo, CEL no
solamente acepta pagarle por una obra inconclusa sino que además le otorga a
ASTALDI mas de 23 millones de dólares, como una bonificación injustificada por
dejar tirada la ejecución del proyecto, en total abandono y dañadas las
instalaciones. Es más el Gobierno le adjudica otros proyectos, como ejemplo, un
largo tramo de la carretera panamericana en la zona de Los Chorros. Debe tenerse en consideración que la tormenta
AGATHA no sobrepaso los registros, en poder de CEL, de la cantidad de agua que
regularmente cae en la zona del proyecto, por lo que no se justifica que
ASTALDI estuviese desprevenida ante ese volumen de agua.
ASTALDI al
comprometerse en un contrato llave en mano tendría que haber hecho sus análisis
de ingeniería y riesgos, para desarrollar el proyecto. Al firmar el contrato
llave en mano, se comprometió a terminar el proyecto. El acuerdo
entre CEL y Astaldi se plasma en una nota que la Corte de Cuentas de la
República (CCR) envió el mes pasado al presidente de la autónoma, José Leopoldo
Samour Gómez, donde da respuesta a su solicitud de requerimiento de actuación
preventiva relacionada con la ejecución del contrato de construcción de la mega
obra, ubicada en la zona norte de San Miguel.
La CCR, tras
avalar la extinción del contrato por acuerdo mutuo, le advierte a Samour Gómez
realizar este conforme a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública (LACAP), cuyo artículo 95 le dice: “Prevé que uno de los
efectos que produce la forma de extinción en comento es que se reconozca al
contratista el pago sobre la base de las obras o servicios total o parcialmente
ejecutados y bienes entregados o recibidos”.
La construcción de El Chaparral fue iniciada en
septiembre de 2008 y tiene un avance del 30%.
La nueva
hidroeléctrica costaría $219 millones, y una vez terminada produciría 65.7
megavatios de energía, equivalentes al consumo de unas 200,000 familias, detalló
en esa ocasión Nicolás Salume, entonces presidente de la CEL. Se sabe que $163 millones es préstamo del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el resto sería aportado
por fondos propios de CEL; pero al final
todo lo paga el pueblo.
El embalse
lleno a capacidad máxima cubriría una extensión de ocho kilómetros cuadrados
afectando directamente a la población de los municipios de Carolina, San
Antonio del Mosco y San Luis de la Reina, todos en San Miguel, pero sus costos
son pagados por todo el pueblo salvadoreño.
La Corte de
Cuentas, le explica a Samour Gómez que con base en la disposición legal “es procedente efectuar la liquidación del
contrato a efecto de determinar el derecho económico que corresponda al
contratista”.
La presa hidroeléctrica
El Chaparral, sobre el río Torola, se tenía previsto que estuviera lista en
2013; sin embargo, la tormenta Agatha de 2010 ocasionó daños en la obra y desde
esa fecha se han detectado movimientos geológicos en el margen derecho. Astaldi
señaló que por motivos de seguridad no se realizaban trabajos en dicho margen y
que sería necesario rediseñar los planos de la represa. ASTALDI tiene
experiencia de construcción de este tipo de obras en cerca de 40 países.
“Analizada la
solicitud de CEL (...) se establece que entre CEL y ASTALDI han consensuado una
estrategia de solución a las diferencias existentes, que consiste en extinguir
el contrato por mutuo acuerdo, que entre otros aspectos conlleva a pagar al
contratista una suma de US$108, 500,000.00” . Esta suma, añade la misiva, “es menos la deducción de las cantidades
pagadas en concepto de avance y construcción de la obra, anticipo y otros pagos
efectuados”.
“(...) En
cuanto a la decisión de extinguir el contrato y pagar la suma que se acuerde,
la junta directiva de la CEL debe apegarse a las disposiciones legales
aplicables y a las facultades inherentes a sus cargos, tomando en consideración
el costo-beneficio de la acción que tomen con relación al interés público”.
El presidente
de la República, Mauricio Funes, dijo: “Estamos negociando con la empresa que
está construyendo El Chaparral, la empresa Astaldi, el cierre del contrato en
forma amistosa para no irnos a un laudo arbitral que le implicaría al país
erogar una buena cantidad de millones de dólares”.
Mauricio Funes
reveló que la negociación del cierre del contrato era porque la empresa
italiana estaba cobrando “una suma millonaria” por un rediseño que obligaba
también a hacer obras que generaban mayores gastos y que no estaban
contempladas en el contrato llave en mano (que tiene un precio fijo y elimina
las posibilidades de órdenes de cambio).
El jefe de
Estado afirmó que debido a las observaciones de Astaldi se contrató a una
empresa auditora (a la que se le pagaron $800,000), este es otro gasto, adicional para la obra, que recomendó que se puede
seguir construyendo El Chaparral, pero que hay
que hacer algunas obras de mitigación.
La CCR, en su
carta enviada a Samour Gómez, habla de la contratación de la empresa Novotec
para que realizara estudios técnico-científicos, cuyos resultados fueron
presentados en enero pasado. La institución reconoce que en su informe, la
empresa Novotec “concluye sobre la viabilidad de continuar con la construcción
de la presa, condicionado a aspectos
técnicos que implican la realización de nuevos estudios, así como aspectos
relativos al diseño de la presa y a la implementación de técnicas de
construcción adecuadas a las condiciones existentes en el sitio del proyecto”.
Esto implica más gastos que aun no
han sido considerados y… un nuevo diseño de la presa además de técnicas de
construcción adecuadas, esto es prácticamente lo mismo que ha estado diciendo
ASTALDI.
Se ha denunciado que los funcionarios gubernamentales cobran fuertes
sumas de dinero por presentar proyectos a los organismos internacionales y por
recibir préstamos, que por supuesto pagarán los pueblos mientras ellos se
llevan los millones, lejos, donde los invierten en acciones de las
transnacionales.
La construcción de la presa El Chaparral inició en
la administración de Antonio Saca. El 20-09-2008 se pone la primera piedra. La
obra enfrenta ahora problemas de construcción derivada de los fenómenos
naturales y por sobre todo se está pagando caro el amaño de todos los procesos
que exige un proyecto de este tipo, como lo es el estudio geológico de la zona,
que ahora resulta es inestable para obras de esta dimensión.
Movimiento Nacional
Contra Proyectos de Muerte en El Salvador – M.N.C.P.M.
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