El 28 febrero se conmemoran 32 años de la masacre en los cantones Tenango y Guadalupe,
del municipio de Suchitoto, sin que los asesinos hayan sido llevados a juicio. Para 1983, cuando ocurrió la masacre, había una guerra contra el pueblo. La Fuerza Armada había cometido muchas masacres contra la población civil y los escuadrones de la muerte habían asesinado a muchísimas personas, entre ellas Monseñor Romero. Era una guerra desatada por los dueños del poder: la oligarquía los mismos que hoy pretenden que votemos por ellos disque para mejorar el país (ARENA) y el gobierno de los Estados Unidos.
¿Por qué llegaron al extremo de masacrar al pueblo?
Para impedir una verdadera reforma agraria, demandada por las organizaciones campesinas; para acallar las exigencias de aumentos salariales de la clase trabajadora; para no dar en el “rancho” más tortillas y frijoles a quienes cortaban café y para frenar el auge de la lucha popular contra las injusticias.
En ese mes el ejército lanzó una ofensiva llamada “Guazapa 10”, para desalojar a las fuerzas guerrilleras que controlaban ese estratégico cerro desde 1981. Al fracasar la operación militar y enterarse que la población de Tenango iba en “guinda” hacia zonas más seguras, la tropa, al mando de Domingo Monterrosa y Orlando Zepeda (hoy empresario de la basura), emboscó y masacró a un primer grupo en el Plan de Tenango; un segundo grupo escapó hacia Guadalupe, pero a la altura de “la cuesta” fue bombardeado por aviones A-37. Al día siguiente el ejército remató a las personas heridas. Resultando: más de 250 personas asesinadas.
La clase Poderosa, oligarca son los mismos que cometieron aquellas atrocidades. Antes mataban con torturas, fusiles; ahora lo hacen con salarios de hambre, precios altos, dolarización, TLC, y la expulsión de gente hacia Estados Unidos, Privatización del Agua, Minería, Represas, Incineradora de Llantas, Carretera Longitudinal del Norte, Rellenos Sanitarios, Cultivos y Comercialización de Alimentos Transgénicos, Robo de Manantiales y Presencia de los Cuerpos de Paz, etc.
De esa masacre, como de otras 185 perpetradas durante esos años, no hay investigación por parte del Estado. Para encubrir a los responsables de los hechos, el gobierno de Alfredo Cristiani decretó una “Ley de amnistía” en 1993, y amparados en esta ley hoy en día pretenden militarizar el país. Y los autores intelectuales de esas matanzas hoy son “honorables” empresarios o funcionarios públicos que dicen defender la libertad y que cínicamente habla de dignidad, democracia y son los responsable de tantas calamidades que
sufre el valiente pueblo salvadoreño. Lo que pasó aquél 28 de febrero de 1983.
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