El 10 de octubre de 2007 celebró audiencia la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), para recordarle al Estado Salvadoreño las recomendaciones hechas desde el año 2000 por el asesinato de Mons. Oscar Arnulfo Romero.

Es importante que todo el pueblo conozca  lo recomendado y no cumplido por el gobierno anterior y que el gobierno del Lic. Funes, debe cumplir en su totalidad: 

a)     Realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones establecidas en el informe (00/37, referido al caso de Monseñor Romero), sin perjuicio de amnistía decretada.

b)     Reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización.

c)     Adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto de la Ley de Amnistía General. 

Para efecto de hacer efectivas estas recomendaciones, especialmente las referidas a las reparaciones, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado ha propuesto:

1.  Que el Estado salvadoreño realice un acto público en el que reconozca su responsabilidad y pida disculpas a la comunidad nacional e internacional.
2. Publicación de las partes relevantes del informe No. 37/100 de la CIDH.
3. Creación y difusión de un documental sobre la persona y labor de Monseñor Romero y las circunstancias de su ejecución.
4. Inclusión del informe No. 37/100 en los planes de estudio de la historia salvadoreña.
5. Creación de una plaza en memoria de Monseñor Romero.
6. Prohibición de homenajes a los responsables de su muerte.
7. Capacitación a miembros de las Fuerzas Armadas en derechos humanos y otros temas que garanticen el abandono de conductas individuales y colectivas lesivas a la dignidad humana.
8. Capacitación a funcionarios políticos, fiscales y judiciales en técnicas de investigación del delito, apegadas a los estándares establecidos por Naciones Unidas. 

Estas demandas fueron impulsadas por mandato expreso de Monseñor Arturo Rivera y Damas y un familiar del Obispo Mártir, y es muy importante que todo el pueblo exija y éste atento.   

El Sr. Presidente que se comprometió a hacer cumplir la ley, que no le temblaría el pulso, y que tomaría la opción preferencial por los pobres; después de tres años no se conoce una real iniciativa de cómo se cumplirá lo recomendado por la CIDH.

No debemos olvidar que el gobierno oligarca anterior quiso negociar con algunos representantes de la Jerarquía salvadoreña (CEDES) que aceptaron ponerlo en agenda, a cambio de sórdidas regalías, amparándose en el derecho interno de una repudiable Ley de Amnistía.   

El Señor Presidente, afirma que nada se gana con meter a la cárcel a corruptos y que perseguirá la corrupción (en el aire) y no corruptos (que existen y actúan); que ciertas actitudes gubernamentales no dan seguridad de anular la Ley de Amnistía, con la que se cubren los asesinos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y de cientos de cientos de salvadoreños inocentes.  O sea pues que La CIDH y Tutela Legal no solo exigen por mandato, un simple pedir perdón, sino una verdadera acción judicial de identificación, juicio y sanción a los autores intelectuales y materiales del asesinato.

Somos concientes que la memoria de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, está viva porque el pueblo, los humildes del salvador y de todos los pueblos han impedido que se sepulte su doctrina, su recuerdo, su vida; las organizaciones civiles y populares, organizaciones religiosas de diferentes culturas e iglesias hermanas lo mantienen como luz en el monte (una luz no es para ponerla bajo la cama).   

A pesar de las prohibiciones de la jerarquía católica, y que para canonizarlo, y llevarlo a los alteres a la medida institucional, niegan a los pueblos, a las organizaciones religiosas, civiles de todas las culturas que expresan reconocimientos al profeta que es voz de los sin voz.

La jerarquía católica desde una posición política de derecha conservadora, alejados del compromiso evangélico de anunciar la liberación a los oprimidos: alegan, a su conveniencia, que no se debe politizar la figura de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.   

Se apropian políticamente de su figura (prohibiendo politizar) para impedir que las víctimas por las que el profeta murió se expresen junto a Cristo y Romero.